Pedreño destaca que es una normativa pionera que reconoce como tarea de interés general el fomento y difusión del sector
La Cátedra de Economía Social de la Universidad de Murcia-CAM organizó el pasado miércoles 21 de diciembre una jornada sobre la incidencia de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social en la Región de Murcia.
El acto, celebrado en el Hemiciclo de la Facultad de Letras, era la primera vez que se presentaba la normativa en Murcia tras su aprobación y consistió en dos conferencias y una mesa redonda sobre la visión de las entidades representativas del sector sobre el nuevo marco jurídico.
El presidente de Ucomur y Ucoerm, Juan Antonio Pedreño, fue el encargado de la ponencia inaugural. Bajo el título ‘Conceptos de Economía Social y Principios Orientadores’, explicó todo el proceso que se siguió para que en el pasado mes de marzo el Congreso diera luz verde a la normativa.
Pedreño señaló que se trataba de un compromiso político previo a las elecciones pasadas, que se consolidó en un acto de Cepes celebrado en febrero de 2010, en el que el anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, entendió la necesidad de potenciar el sector a través de un texto legislativo y facilitar la participación del mismo en la construcción de políticas públicas.
El presidente de la Unión de Cooperativas destacó que se trata de una ley pionera, que está sirviendo de referente para el resto del mundo. México acaba de aprobar su propia normativa, Portugal ya tiene un borrador y Francia también ha dado sus primeros pasos.
Explicó que la ley española no modifica la normativa vigente de cada una de las entidades que conforma el sector y aporta un marco jurídico que “da mayor seguridad, reconocimiento y visibilidad a la economía social”.
Así, define por primera vez el concepto jurídico de economía social y los modelos de empresa que forman parte de ella: cooperativas, mutualidades, fundaciones, asociaciones que lleven a cabo actividad económica, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, sociedades agrarias de transformación y entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios establecidos en el artículo 4.
Pedreño también resaltó que la ley reconoce como tarea de interés general “la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones representativas”, lo que obliga a los poderes públicos, entre otras acciones, a “remover los obstáculos que impidan el inicio y desarrollo de una actividad económica de las entidades de la economía social”. De este modo, apuntó que las administraciones tienen que evitar cualquier tipo de discriminación negativa hacia estas empresas.
El director general de Trabajo de la Comunidad, Fernando José Vélez, analizó la incidencia de la Ley de Economía Social en la Región. En su intervención, destacó que las comunidades autónomas también se han beneficiado de la normativa, puesto que les “marca el terreno de juego”. “Cada norma autonómica marca requisitos distintos, por lo que necesitábamos que se estableciera la competencia estatal”, indicó.
Recordó la importancia “cuantitativa y cualitativa” del sector en la Región y defendió que las normas que lo regulan deben atender a la “especificidad” de estas empresas y darle respuesta. Vélez también hizo referencia a que el I Plan de Economía Social está a punto de vencer su vigencia y que Comunidad y organizaciones ya trabajan para su sucesor.
La jornada se cerró con una mesa redonda con los representantes de todas las organizaciones de la economía social murciana. En ella participaron Juan Antonio Pedreño, como presidente de Ucomur y Ucoerm; José Francisco Ballester, presidente de Amusal; Ginés Calvo, director de Fecamur, y Ana Anciones, asesora jurídica de Fecoam.
Pedreño subrayó los valores del modelo cooperativo de trabajo asociado, “donde las personas priman por encima del capital, los beneficios o excedentes se reparten con criterios colectivos, el espíritu democrático prevalece en la toma de decisiones y los principios de solidaridad, igualdad y cohesión social se convierten en los ejes de los proyectos”. En definitiva, “otra forma de hacer empresa, que realiza de la creación y mantenimiento de empleo un ejercicio de responsabilidad social”.
El presidente de Ucomur y Ucoerm recordó que la flexibilidad interna de este modelo ha permitido que tengan un número de puestos de trabajo similar al de 2007. En la actualidad, hay más de 1.650 cooperativas, de las cuales 1.450 son de trabajo, que facturan cerca de 2.500 millones de euros y agrupan a cerca de 20.000 empleados. Además, el ámbito de la enseñanza reúne a cerca de 2.500 personas y las cooperativas representan más del 50% de la educación concertada en la Región.
Con respecto a la Ley de Economía Social, Pedreño señaló que es fundamental que en el próximo plan regional se recoja el artículo 8 sobre el fomento y difusión de estas entidades, así como todos aquellos puntos que sean beneficiosos para reforzar el papel de la economía social y de las organizaciones del sector.
“Es un modelo de empresa que está ayudando a solventar los desequilibrios del mercado, contribuye a potenciar el desarrollo local, crea cohesión social y enriquece la Región”, indicó.