A menudo repito una frase que volví a pronunciar en Bruselas el pasado mes de junio, durante la celebración del último Intergrupo de Economía Social: “Dentro de unos años no recordaremos únicamente cuánto dinero dedicamos a cada política. Recordaremos qué decidimos proteger”.
Pronuncié estas palabras ante representantes de la Comisión Europea, del Parlamento y del Tribunal de Cuentas, en un debate en el que se discutía el Marco Financiero Plurianual 2028-2034; el presupuesto que definirá cuáles son las prioridades de la Unión Europea durante los próximos años. Y volví a repetir lo que comento porque es algo que llevo defendiendo toda mi vida profesional: la Economía Social no puede ni debe quedarse en un segundo plano. De ello depende un bienestar social y económico que se extiende por todos los territorios y que influye en el futuro de las generaciones que han de sucedernos.
No hablamos de beneficios a nivel corporativo y tampoco pedimos un trato de favor. Las cifras y, sobre todo, la cohesión social y territorial palpable allá dónde la Economía Social está presente, avalan la petición de seguir apostando por el modelo. Se trata de una apuesta estratégica, porque la realidad es clara: en Europa hay más de 4,3 millones de empresas y entidades de Economía Social, que dan empleo a más de 12 millones de personas. Parémonos un instante a pensar en esos doce millones de personas. Las cooperativas, mutualidades, asociaciones, fundaciones, son modelos empresariales que funcionan, que generan riqueza, que fijan población en el territorio y que, además, lo hacen desde un fuerte compromiso con las personas, con su bienestar. Ese impacto, que va más allá de lo económico y que revierte en todo, debe encontrar su reflejo en las políticas y las cuentas públicas europeas.
Pero ocurre que, cuando toca sentarse a debatir presupuestos, es habitual que la Economía Social quede reducida a una nota a pie de página dentro del grueso de las políticas sociales, como si fuera un apunte anecdótico. No lo es. No lo ha sido nunca. La Economía Social es motor de innovación, es arraigo territorial y es resiliencia económica. Lo ha demostrado en los peores momentos, en las crisis más duras que ha padecido Europa, arrimando el hombro para salir de ellas sin dejar a nadie atrás. No puede, por lo tanto, quedarse ahora rezagado un modelo que ha contribuido a ayudar a las economías de los distintos territorios a salir adelante cuando los vientos soplaban en contra.
Así que me repito y lo seguiré haciendo hasta que el mensaje cale: un día solo recordaremos qué fue lo que decidimos defender. Y no es un modelo económico, nada más. Tenemos la opción de defender y apostar por el bienestar de las generaciones actuales y de las venideras. Por eso en Bruselas planteé tres prioridades concretas. La primera: preservar un Fondo Social Europeo fuerte y autónomo, porque sigue siendo el principal instrumento de inversión en las personas, en el empleo de calidad y en la inclusión social. No podemos permitir que se diluya dentro de instrumentos financieros más amplios.
La segunda, que ese fondo destine al menos un 7% de sus recursos a actuaciones específicas para la Economía Social. Esta cifra no es arbitraria; responde al peso real que este modelo tiene ya en el tejido productivo europeo. Y la tercera quizá sea la más estratégica: que integremos completamente la Economía Social en el futuro Fondo Europeo de Competitividad. El modelo no puede quedar circunscrito exclusivamente al ámbito social, sino que tiene que formar parte de las políticas industriales, de innovación, de transición ecológica y digital, y de autonomía estratégica de la UE. Para que Europa se reindustrialice, gane soberanía tecnológica y afronte la transición ecológica sin dejar a nadie atrás, la Economía Social tiene que formar parte de la ecuación, y debe tener un lugar en las mesas de toma de decisiones para formar parte y tener voz en diseño de los distintos instrumentos.
Y, ¿qué ocurre con la fiscalidad? Pues que no es suficiente con hablar de fondos y subvenciones si el marco fiscal europeo no acompaña este modelo. Necesitamos que la próxima etapa presupuestaria contemple una fiscalidad coherente con los valores que defiende y representa la Economía Social. Una fiscalidad que incentive la reinversión de beneficios en el propio proyecto empresarial y en el territorio, que reconozca el valor de poner a las personas sobre el beneficio que practican nuestras entidades, y que estimule la creación de cooperativas, mutualidades y empresas sociales. En definitiva, se hace imprescindible una fiscalidad que tenga en cuenta al 100% a la Economía Social y que no la trate como algo subsidiario.
No pedimos tener privilegios. Pedimos una política pública inteligente, con estrategia y sentido común, porque cada euro que llega a las empresas de Economía Social repercute en la economía real, en el empleo local, en la cohesión de nuestros pueblos y ciudades. Además, un marco fiscal alineado con los principios y valores del modelo facilitaría algo que llevamos años reclamando: la simplificación administrativa y regulatoria para las entidades de Economía Social. Hablamos de una mayoría de pequeñas y medianas empresas que se encuentran con demasiadas trabas burocráticas cuando deberían estar pudiendo crecer e innovar sin tantos escollos.
Lo que más me reconfortó de aquel debate en el seno del Intergrupo fue comprobar que no estaba solo en esto, que el modelo de Economía Social no lo está. La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Roxana Mînzatu, recordó los avances del Plan de Acción Europeo para la Economía Social y el respaldo ciudadano que reflejan los últimos eurobarómetros. Mînzatu subrayó que la Economía Social constituye un actor esencial tanto para el desarrollo económico como para la competitividad de los territorios europeos. Y, no solo la vicepresidenta de la Comisión Europea lo tiene claro: la secretaria de Estado Amparo Merino confirmó que España trabaja junto a Francia y otros socios para lograr una posición común que garantice un reconocimiento explícito del modelo de Economía Social en las futuras políticas presupuestarias. Y la lista de apoyos sigue. Desde el Parlamento Europeo, tanto Isabel Benjumea como Jean-Marc Germain defendieron, desde bancadas políticas distintas, que la agenda social debe ir de la mano de un refuerzo de la competitividad y la seguridad europeas. Y la Economía Social sabe y mucho de competitividad, porque nuestras empresas son competitivas sin sacrificar el valor y el mimo hacia su equipo humano y el entorno en el que operan.
Ver a eurodiputadas como Maravillas Abadía e Irene Tinagli, copresidentas del Intergrupo, sosteniendo este debate con tanta firmeza me confirma que la Economía Social ha dejado de ser un tema marginal para convertirse en una cuestión de tal calado que Europa no puede darle la espalda.
Ese consenso institucional es una buena noticia pero, lamentablemente, no basta. El consenso hay que traducirlo en cifras, en líneas presupuestarias, en un tratamiento fiscal específico que dé continuidad a este modelo. Porque cuando llegue octubre y el Consejo Europeo se siente a decidir el próximo Marco Financiero Plurianual, lo que se decida determinará si Europa apuesta de verdad por una economía que pone a las personas en el centro, o si deja pasar la oportunidad de consolidar uno de sus modelos económicos de mayor peso y resiliencia. Y ello determinará qué modelo de crecimiento elegimos y cómo se dará forma a la Europa del futuro.
Desde las organizaciones representativas del modelo seguiremos insistiendo, trabajando con los estados miembros y con las instituciones comunitarias, porque nos jugamos mucho: no solo el futuro de millones de empresas y de los 12 millones de empleos que sostiene el modelo de economía social, sino el tipo de sociedad que queremos dejar a las próximas generaciones; el modelo de sociedad que necesita una economía pensada para las personas.