La Cátedra de Economía Social celebró una jornada para informar de los cambios que afectan a la estructura de capital de estas sociedades
Un equilibrio entre la estabilidad de la empresa y la seguridad de que el socio recuperará su capital social. Éste es el objetivo de las distintas medidas emprendidas a lo largo de este año para la adaptación de las cooperativas a la nueva ley contable. La Cátedra de Economía Social de la Universidad de Murcia-CAM celebró el lunes una jornada para informar sobre los cambios en los criterios contables que obliga a estas sociedades a clasificar su estructura de capital antes del próximo 31 de diciembre.
El acto, celebrado en la Facultad de Economía y Empresa del Campus Universitario de Espinardo, contó con las intervenciones de Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur; Fernando Polo, miembro de la Comisión de Contabilidad de Sociedades Cooperativas de AECA, y María Dolores Urrea, jefa de Área de la Subdirección General de Normalización y Técnica Contable del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
El director general de Trabajo, Fernando José Vélez, la decana de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, Pilar Montaner, y la profesora-investigadora de la Cátedra, María del Mar Andreu, fueron los encargados de inaugurar la jornada.
El presidente de Ucomur explicó en su intervención que la Unión Europea ha llevado a cabo un proceso de “armonización” de las normas internacionales de información financiera, en el que se adoptó las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) como referente, lo que ha obligado a modificar la normativa mercantil española y las leyes de cooperativas estatal y autonómicas para adoptar los criterios recogidos en la NIC 32.
Según se recoge en el punto 9.3 de las normas de Registro y Valoración del Plan General de Contabilidad: “los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán como pasivos financieros, en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con su realidad económica supongan para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero”.
Esto supone que todas las obligaciones de pago y, en concreto, las que afectan al reembolso de las aportaciones del capital de los socios de las cooperativas, serán clasificadas contablemente, con independencia de su consideración jurídica, como pasivo exigible. Si, por el contrario, la cooperativa tiene el derecho incondicional a rehusar el reembolso de las aportaciones, se definirán como patrimonio neto.
Pedreño señaló que si todas las obligaciones de pago pasan a ser pasivo, “se deteriora notablemente el balance de la cooperativa”, lo que dificultaría, por ejemplo, que una entidad financiera le aprobara una solicitud de préstamo. Por ello, todas las cooperativas que su ejercicio contable se inicia el uno de enero, tienen que tomar antes de que finalice este año cómo van a clasificar el capital. “Si no lo hacen y no indican lo que es exigible y lo que es rehusable, todo el capital, de acuerdo a la norma, será exigible a partir del uno de enero de 2012”, apuntó.
El ordenamiento cooperativo, para proteger al máximo al socio cooperativista, incluso frente al riesgo de amenazar la estabilidad de la cooperativa, reconocía hasta ahora el derecho al reembolso de las aportaciones que la cooperativa, obligatoriamente, tenía que atender, aunque significase que tenía que reducir el capital estatutario o incluso causar su desaparición. Estas aportaciones de los socios eran calificadas a efectos contables como patrimonio neto, dentro del activo de la empresa cooperativa.
Sin embargo, con la adaptación contable propuesta por la NIC 32, el socio no podría recuperar lo que aportó inicialmente a la cooperativa en caso de causar baja, por lo que se reforzaría los instrumentos financieros de la empresa, pero se perjudicaría a los socios.
Pedreño destacó que la modificación de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, que se aprobó por unanimidad en la Asamblea Regional el pasado 4 de octubre, introdujo una serie de cautelas en beneficio de la cooperativa y del socio cooperativo. Una de las más importantes es que los socios que causen baja tendrán derecho a recibir al menos el 25% de su aportación al capital social, pudiendo en asamblea general establecer un porcentaje mayor.
Otra de las cautelas introducidas por ley hace referencia a los derechos que tienen los socios que causan baja obligatoria por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción, jubilación o incapacidad permanente, que podrán obtener de inmediato el reembolso de sus aportaciones voluntarias al capital social y, en el plazo de dos años, sus aportaciones obligatorias, en periodos mensuales.
También destacó una resolución del ICAC del pasado 30 de septiembre que reconoce que cuando el socio no pueda seguir desarrollando su actividad por imposición legal, como sucede en los supuestos de incapacidad y jubilación, el reembolso exigible por su parte no puede calificar contablemente la aportación como un pasivo.
Pedreño recordó que Ucomur está realizando charlas informativas para solventar cualquier duda en todas aquellas cooperativas que lo soliciten.
Además, hizo referencia a la importancia de que sigan una línea de trabajo ética, puesto que deben de representar los valores y principios de este movimiento. Para fomentar este modo de actuar, Ucomur editó en la Región el ‘Código de Buen Gobierno de las Cooperativa’, un manual que recoge los valores y normas éticas para mejorar la gestión de estas empresas, elaborado por la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado, Enseñanza y Crédito de Euskadi (Erkide) y la Confederación de Cooperativas de Euskadi (Konfekoop).
Pedreño también hizo referencia al libro ‘Para una ética contable en las cooperativas’, que se presentará a principios de año en una jornada que se celebrará en Murcia y en el que se incide en que estas sociedades no buscan el beneficio particular, sino que “siempre miran por el bien de la empresa”, apuntó.