Las cooperativas son clave para el desarrollo local
Ucomur muestra en una jornada en Archena cómo la implicación de los ayuntamientos en el fomento de este modelo empresarial permite reducir las tasas de paro y estimular la economía de los municipios
Los ayuntamientos pueden jugar un papel clave para desarrollar una cultura emprendedora en los municipios basada en el cooperativismo y favorecer la generación de empleo, una redistribución más equitativa de la riqueza y una mayor cohesión social y territorial. Con esta premisa, Ucomur y el Grupo de Acción Local de la Asociación para el Desarrollo Rural Integrado (ADRI) de la Vega del Segura organizaron el pasado 27 de noviembre una jornada titulada ‘Municipios, Cooperativismo y Economía Social’.
El objetivo era mostrar la contribución de este modelo empresarial a la creación de empleo y a la dinamización de las economías locales. Casi 100 personas asistieron al evento, celebrado en uno de los salones del Hotel León del Balneario de Archena, en el que se mostró una experiencia de éxito, el municipio onubense de Bonares, donde aproximadamente el 80% del tejido productivo son empresas de economía social.
Su elección para la jornada, explicó el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, se debe a que es uno de los mejores ejemplos de una localidad que es representativa del desarrollo local a través de la economía social y del impulso del cooperativismo por parte de su ayuntamiento, hasta el punto de que registra una menor tasa de paro, con una media durante el año de apenas el 6%, que el resto de Andalucía, y de que apenas existe desempleo entre los jóvenes.
Otros temas de interés que se abordaron en las ponencias programadas fueron el papel del cooperativismo agroalimentario como modelo sostenible y de creación de riqueza y empleo, la multiplicación de casos en Murcia de transformaciones de empresas mercantiles en cooperativas y la necesidad de incluir cláusulas sociales en los contratos públicos.
La consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá; la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, y el director general de Relaciones Laborales y Economía Social, Leopoldo Navarro, inauguraron la jornada, que reunió a una amplia representación de concejales y agentes de desarrollo local de casi una veintena de municipios, con la presencia de los alcaldes de Lorquí, Alguazas y Campos de Río, Joaquín Hernández, Blas Ángel Ruipérez y María José Pérez Cerón, respectivamente.
Martínez-Cachá aseguró que era un “acierto total” unir los conceptos de economía social y desarrollo de los municipios y destacó el papel de las cooperativas agrarias en la generación de oportunidades de empleo en los territorios rurales y su contribución a mejorar la competitividad de los pequeños productores, “para que lleguen a nuevos mercados, avancen en calidad y, en definitiva, cuenten con más posibilidades de éxito”.
La alcaldesa de Archena, quien también preside el grupo ADRI Vega del Segura, justificó la celebración de la jornada por la labor que realiza el cooperativismo para generar riqueza y cohesión social y como “pilar esencial para la dinamización de la economía local y regional”.
Leopoldo Navarro, por su parte, señaló que Murcia se ha convertido en un referente a nivel nacional en todo lo relativo a la economía social y el cooperativismo, en buena medida porque se trata de un modelo empresarial “que ha calado en la sociedad” y “en todos los sectores de actividad”. Además, reiteró el apoyo del Gobierno regional a la economía social, lo que se reflejará en los presupuestos de 2016, que experimentarán un incremento de 1,5 millones de euros, “la partida económica que seguramente más crecerá”, con especial atención a dos de los colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado laboral, los jóvenes y los mayores de 45 años.
La jornada se prolongó durante toda la mañana y trazó varios escenarios del cooperativismo a través de cuatro ponencias, todas moderadas por el presidente de Ucomur.
Juan Antonio García, alcalde de Bonares, protagonizó la conferencia central, en la que relató la experiencia del cooperativismo en este municipio, ubicado en la provincia de Huelva, en la zona norte del Parque Nacional de Doñana, de apenas 6.422 habitantes y con una superficie de 66 kilómetros cuadrados. La localidad cuenta con 30 empresas de economía social, es decir, una por cada 214 habitantes. “Puedo asegurar que hemos conseguido mayores grados de desarrollo económico y de bienestar social gracias a la unión entre el cooperativismo y el ayuntamiento”, manifestó.
Así, explicó cómo el consistorio ha actuado, desde los años 70 del siglo pasado, como agente impulsor del fomento del emprendimiento y ha utilizado el cooperativismo para lograr un desarrollo local sostenible. Los resultados, según reveló, son que la tasa de paro en el municipio, cuya actividad principal es la agricultura, es de tan solo un 8% en temporada baja, y de un 5% en el periodo de mayor actividad.
Durante su discurso, incidió en el papel fundamental de las administraciones públicas, que deben propiciar el desarrollo del cooperativismo “a través de leyes, ordenanzas e incentivos”. Expuso que los ayuntamientos deben “implicarse al máximo”, de modo que, “además de preocuparse por atender los servicios básicos de la población”, deben actuar promoviendo dentro de sus programas de gobierno políticas de fomento económico e incentivar todas las iniciativas emprendedoras, “reconociendo como tarea de interés general el estímulo a las entidades de economía social y creando un entorno que las fomente”.
García relató paso a paso la historia del cooperativismo y la economía social de Bonares, que se divide en dos fases, una primera de surgimiento y consolidación de las cooperativas, y una segunda de integración. La primera cooperativa del municipio, Santa María Salomé, se constituyó en 1957, seguida de una segunda, San Francisco de Borja (1970), y de una tercera, San Cristóbal (1976), que “fueron conformando una conciencia de cooperación en la localidad”, indicó.
El ayuntamiento contribuyó en estos momentos iniciales mediante el apoyo a las cooperativas ya existentes y el impulso para la creación de nuevas. La apuesta, dada la fuerte crisis que golpeó los pilares básicos de la economía local (agricultura de secano, industria, cerámica,…), se centró en las actividades ligadas a una nueva agricultura basada en cultivos como la fresa, la frambuesa, los arándanos y las moras.
Así, cuarta cooperativa del municipio, Bonafrú, nació en 1983 con 150 socios, aunque en la actualidad ya cuenta con 450, además de generar unos 300 empleos y alcanzar una facturación de 25 millones de euros. Con la recuperación de la economía ya en marcha, surgieron más empresas dedicadas a la agricultura, lo que hizo que al poco tiempo el sector servicios se recuperara y se crearan otras empresas para cubrir otras necesidades de la población.
El siguiente paso en Bonares fue la integración de las cooperativas ya creadas, “para aprovechar las ventajas de las economías de escala y del trabajo en común”, argumentó García. De este modo, se creó en el año 2000 la cooperativa Coopinte, que aglutina a las empresas de economía social más importantes del municipio y al propio Ayuntamiento, que se integró como un socio más. La cooperativa gestiona de forma conjunta las necesidades de todos sus asociados, de manera que consigue unas condiciones especiales debido al elevado volumen de facturación.
Por sus características especiales, fue pionera en Andalucía, al no existir hasta entonces una integración tan singular entre cooperativas y administración local, ni entre actividades tan diversas como la agrícola, el transporte, la panificadora y el consumo. “Competimos juntos cooperando. Ese es nuestro lema”, añadió García, quien aseguró que el ‘modelo Bonares’ es “extrapolable a otros ámbitos territoriales”.
El director de Fecoam, Antonio Sanz, ofreció una conferencia en la que mostró las ventajas de formar parte de una cooperativa agraria y animó a los agricultores a que, en lugar de plantearse poner en marcha una de estas empresas, se unan a las que ya se encuentran en activo. También expuso que, en lugar de por la integración, al estilo de lo relatado por el alcalde de Bonares, la federación apuesta por los acuerdos de colaboración entre cooperativas para, por ejemplo, buscar una comercialización conjunta y concentrar la oferta, por el enorme desequilibrio de poder a favor de la gran distribución, que fija los precios de mercado.
En lo que respecta a las claves para que un proyecto cooperativo funcione, hizo hincapié en que es imprescindible contar con un gestor “honesto”, que mire por los demás; un presidente que sea un “líder nato”; un consejo rector “con formación” y “que se atreva a tomar decisiones”, y que los socios “vayan todos a una, sin ninguna división”. Fecoam asocia a 89 entidades, que cuentan con 22.000 agricultores y ganaderos asociados, y dan empleo a 48.000 personas, con una facturación en torno a los 900 millones de euros.
El director general de Desarrollo Rural y Forestal, Federico García Izquierdo, acompañó a Juan Antonio Pedreño durante la clausura. En su turno de palabra, recordó que el Plan de Desarrollo Rural para el periodo 2014-2020 cuenta con un presupuesto de casi 350 millones de euros, con medidas encaminadas a la incorporación de jóvenes agricultores, mejorar los servicios básicos en las poblaciones rurales, impulsar la agricultura ecológica, modernizar las explotaciones e impulsar la creación de empleo, entre otras.
Pedreño, por su parte, hizo un balance positivo de la jornada, puesto que se evidenció, con el ejemplo de Bonares, cómo el cooperativismo mejora la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, además de contribuir a reducir las cifras del paro, o la forma, en el caso del sector agroalimentario, en que ayudan a fijar la población al territorio y generan riqueza, ofreciendo oportunidades de empleo en el medio rural.
El presidente de Ucomur señaló que en la Región existe desde hace muchos años una clara conciencia para la creación de cooperativas, tal y como lo reflejan las cifras anuales, pero reconoció que todo sería más fácil si los ayuntamientos asumieran la responsabilidad de impulsar de manera decidida este modelo empresarial, para impregnar a sus habitantes de una mentalidad cooperativista, como sucede en Bonares. Por este motivo, anunció que la organización celebrará el año que viene una jornada de similares características, con la participación activa de más municipios y en la que se expondrán otros ejemplos de desarrollo local del cooperativismo que existen en el país.
Reconversiones de pymes y la petición de cláusulas sociales
La segunda parte de las ponencias se centró dos temas de actualidad en el mundo cooperativo: las transformaciones de empresas mercantiles en cooperativas y la petición de que se incluyan cláusulas sociales en la contratación pública. Pablo Sánchez, técnico de Ucomur, presentó los datos de reconversiones de empresas en crisis en cooperativa en la Región, con un total de 47 casos en los últimos tres años (15, en 2013; 16, en 2014 y otras 16 en lo que va de año).
En su intervención, detalló que se dan fundamentalmente en el sector servicios, “al tratarse del que genera más empleo en la Región”, aunque cada vez tiene mayor incidencia en el industrial. La mayoría de casos son empresas abocadas al cierre, en las que los trabajadores deciden quedarse con ellas para salvar sus empleos, pero otras causas comunes son la jubilación del dueño y la falta de relevo generacional, y el cambio de filosofía de los propietarios de la empresa, que prefieren apostar por la empresa cooperativa.
Los motivos por los que Murcia es la región europea en la que se produce un mayor número de transformaciones, según explicó, son el “gran desarrollo y consolidación del sector cooperativo”, la estrecha colaboración de Ucomur con los diferentes agentes del territorio (ayuntamientos, agentes de desarrollo local, entidades financieras, organizaciones empresariales,…) y la experiencia de sus técnicos a la hora de gestionar todo el proceso.
Por otro lado, los factores clave para que nazcan las nuevas empresas, aparte del apoyo de una organización como Ucomur, son que los trabajadores de la empresa en dificultades se atrevan a dar el paso de convertirse en empresarios, así como que exista una persona que ejerza de líder y empuje al resto.
No obstante, advirtió de que una variable fundamental es acortar el tiempo que transcurre entre que la antigua empresa cierra, y la cooperativa resultante inicia su actividad, “para no perder relación con los clientes y los proveedores”. En este sentido, el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, se lamentó de que los trabajadores deben ir al paro si quieren capitalizar la totalidad de la prestación por desempleo e invertir el dinero para abrir el nuevo negocio, lo que ralentiza el proceso. “Estamos trabajando con el Gobierno central para que esto no sea necesario”, aseguró.
Por su parte, Paloma Arroyo, directora de Coceta, ofreció una serie de argumentos para que los ayuntamientos incluyan cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de los concursos públicos y que los contratos no vayan exclusivamente a las empresas en función de una variable económica. Así, expuso que, dentro de los criterios de contratación, debe primar la relación entre calidad y precio, lo que permite introducir “consideraciones sociales”.
De este modo, las cláusulas sociales se pueden emplear para fomentar la creación de empleo de personas en paro de larga duración, además de premiar aspectos en las empresas como la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la inclusión de colectivos en riesgo de exclusión y la calidad del empleo, para reforzar a aquellas sociedades, como es el caso de las cooperativas, que realizan prácticas socialmente responsables.
No en vano, el empleo en estas empresas nace con vocación de ser indefinido (el porcentaje en el sector es del 80%) y a jornada completa (casi un 82%) frente a la actual precariedad laboral, además de que las mujeres representan prácticamente la mitad del total. Incluso, abogó para que se premien aspectos como la prevención de riesgos y, en determinados sectores, una tasa baja de absentismo laboral. “La realidad es que se puede incorporar cualquier cláusula social siempre y cuando se cumplan los principios de publicidad, y de igualdad y libre competencia”, argumentó.
En cuanto a los retos de futuro, señaló que es necesario una reforma del modelo socioeconómico que compagine el desarrollo con el medio ambiente y lo social y que sean los ayuntamientos los que promuevan la incorporación de las cláusulas sociales, “porque la ley y la jurisprudencia lo permiten”.