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El Senado aprueba la Ley de Economía Social

El Pleno del Senado aprobó este miércoles la Ley de Economía Social con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, por lo que la norma pasa a la Cámara Baja para su aprobación definitiva.

El Consejo de Ministros aprobó este proyecto de ley a mediados de julio del año pasado y con él se busca reconocer “como tarea de interés general la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones más representativas”.

Esta ley servirá para configurar un marco jurídico que suponga el reconocimiento y mejor visibilidad de la economía social, otorgándole una mayor seguridad jurídica.

En la defensa de la nueva ley los distintos portavoces reconocieron el valor de la economía social como motor de creación de empleo en estos momentos de crisis económica, así como el reconocimiento público a la ONCE como entidad singular dentro de la economía social por su labor en beneficio de las personas con discapacidad.

El senador socialista Jesús Martínez Herrera reconoció el trabajo llevado a cabo por Cepes para conseguir un marco jurídico para el sector y señaló que estas entidades contribuyen a la creación de empleo estable y de calidad, y además tienen un compromiso con el desarrollo rural y local, apostando fundamentalmente por sectores básicos de la economía, la dependencia, la educación y la innovación, entre otros.

La senadora popular María del Carmen Fúñez también destacó el trabajo de consenso llevado a cabo durante la tramitación de esta ley y los valores que representan las entidades de la economía social, donde prima el individuo.

En la ley se indica que el sector de la economía social está formado por organizaciones, entidades y empresas que actúan en la actividad económica mediante principios como la primacía de las personas y del fin social sobre el capital y la aplicación de los resultados en función del trabajo y el servicio prestado por los socios.

Se trata de empresas que en el ámbito de la Unión Europea se agrupan en cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones y que, en España, se concretan en cooperativas, mutualidades de previsión social, empresas de inserción social, asociaciones de personas con discapacidad, cofradías de pescadores o sociedades agrarias.

En cuanto a la representatividad, el proyecto de ley reconoce la importancia de la existencia de asociaciones que representen a la economía social y otorga un papel destacado a las confederaciones intersectoriales de ámbito estatal representativas.

Además, se reconoce a la ONCE como entidad singular dentro de este sector productivo y que está personificada jurídicamente como una corporación de derecho público y de carácter social.

Por último, durante la tramitación en la Cámara Alta se ha incluido una enmienda transaccional por la que se pide la revisión de la normativa sobre subvenciones, con el fin de eliminar las limitaciones por operar en cualquier sector económico, y la elaboración de un proyecto de Ley sobre Sociedades Anónimas Laborales.