El presidente de Ucomur presentó los últimos datos del sector al jefe del Ejecutivo murciano y le planteó la necesidad de nuevos planes de empleo para jóvenes y mayores de 45 años
El presidente de Ucomur y Ucoerm, Juan Antonio Pedreño, se reunió el pasado 25 de agosto con el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, para presentarle el balance de datos del cooperativismo durante el primer semestre del año y plantearle una serie de medidas en favor de la economía social. De acuerdo al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las cooperativas murcianas incorporaron 1.683 personas al mercado laboral entre el 1 de enero y el 30 de junio. De esta manera, el número de cooperativistas en la Región asciende en estos momentos a 19.267, un incremento del 4,1% en comparación al mismo periodo del año pasado (753 personas más) y uno de los mejores datos históricos.
Los buenos resultados de empleo se suman a los de creación de cooperativas. De acuerdo al registro de empresas de economía social de la Comunidad a 31 de julio, se constituyeron un total de 119 cooperativas, unos números que se acercan a las 133 creadas durante todo el año pasado.
Murcia es en la actualidad la quinta comunidad de España en números absolutos de cooperativas, con 1.417 empresas. Tan solo Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco superan esta cifra. La Región representa el 7% de las cooperativas a nivel nacional (hay un total de 20.108 en todo el país) y el volumen de facturación de estas empresas se sitúa en torno a los 3.000 millones de euros.
Durante la reunión con el presidente regional, Pedreño mostró la necesidad de modificar la orden de ayudas a la economía social para que incluya nuevos recursos destinados a los jóvenes menores de 30 años y a los trabajadores mayores de 45 años, dos colectivos especialmente afectados por el desempleo.
Según explicó el presidente de Ucomur a los medios de comunicación, la confección actual del baremo para conceder las ayudas dificulta que muchos jóvenes y personas por encima de los 45 años puedan crear una empresa de economía social y recibir la subvención correspondiente. El objetivo, según señaló, es que generen su propio puesto de trabajo para salir del paro.
Asimismo, abogó por que se produzca una separación en los fondos para las empresas de nueva creación y las que ya funcionan en la actualidad. En este sentido, argumentó que de los 1.683 empleos que han creado las cooperativas murcianas en los primeros seis meses del año, casi 400 se corresponden a las empresas de nueva creación, mientras que el resto a las ya existentes, que acaparan los recursos.
Pedreño también considera un paso crucial que se incremente el presupuesto de la economía social en 2016 para cubrir las necesidades que este año no puedan ser atendidas por falta de recursos. El presidente de Ucomur y Ucoerm sostiene que el importe de este año, que asciende a cuatro millones de euros, debe alcanzar los seis millones de euros para dar respuesta a todas las personas que se incorporan a las empresas de economía social. El motivo es que las cantidades actuales “no cubren el crecimiento que se ha producido en la creación de empleo” y las inversiones que realizan las cooperativas con el objetivo de ser más competitivas.
En otro orden de asuntos, reclamó que se ponga en marcha lo antes posible el Plan de Garantía Juvenil perteneciente al Fondo Social Europeo, que cuenta con un presupuesto de 300.000 euros para que los jóvenes de la Región dispongan de recursos para crear su propia empresa o la posibilidad de acceder a ayudas para incorporarse a las que se encuentran en activo.
El presidente de la Unión de Cooperativas recordó que el Fondo Social Europeo incluye por primera vez un programa operativo de apoyo a la economía social, para el que espera que las organizaciones del sector cuenten con el respaldo del Gobierno regional, “puesto que necesitaremos su cofinanciación para acceder a más fondos”.
Mapa escolar
En el ámbito educativo, Pedreño pidió al presidente de la Comunidad que se diseñe un mapa escolar que determine las necesidades educativas de cada uno de los municipios de la Región, “para que la decisión de construir un colegio o un instituto en una zona no dependa de la voluntad política”.