Juan Antonio Pedreño es presidente de Social Economy Europe (SEE), presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y coordinador general de la Red Euromediterránea de Economía Social (ESMED).
Como presidente de Social Economy Europe, ¿cuál considera que es la contribución más significativa que la economía social puede aportar a la implementación del Pacto Verde Europeo y a la transición justa, en términos de sostenibilidad ambiental, inclusión social y creación de empleo decente? ¿Cómo puede responder a los desafíos contemporáneos, trascendiendo la lógica económica extractiva?
Juan Antonio Pedreño: Creo que se puede afirmar con seguridad que el modelo empresarial de la economía social es el único verdaderamente capaz de abordar los tres grandes retos que enfrenta nuestra sociedad actual. El primero es la promoción de la gobernanza democrática, ya que, en un contexto global marcado por tensiones y tendencias autoritarias, fortalecer los sistemas democráticos es una tarea crucial. El segundo reto es la reducción de las desigualdades, un compromiso estructural que la economía social persigue constantemente. El tercero, no menos importante, es la sostenibilidad: las empresas de la economía social, por su historia, misión y naturaleza, están profundamente arraigadas en las comunidades en las que operan y demuestran un compromiso concreto con la protección del medio ambiente y la calidad de vida. Estas empresas no se reubican; permanecen donde nacieron, porque están arraigadas en un territorio local y viven en simbiosis con él. Esta conexión implica un cuidado y una responsabilidad naturales con el entorno circundante, con un ecosistema habitable y un bienestar compartido.
A diferencia de otros modelos de negocio, que pueden reubicarse de la noche a la mañana, dejando atrás desiertos de producción y costes sociales, las empresas de economía social permanecen y cuidan el futuro de los lugares donde operan. Las empresas de economía social asumen una profunda responsabilidad con la sociedad, el medio ambiente y la calidad de vida de las personas. Este compromiso se traduce en prácticas concretas, que van desde la promoción de modelos energéticos sostenibles hasta la protección de los recursos naturales. Su compromiso con los principios de sostenibilidad no es una estrategia de marketing, sino un elemento fundamental de su identidad. Cabe recordar que el concepto mismo de responsabilidad social corporativa se configuró precisamente gracias a la experiencia de la economía social. Hoy en día, muchos otros modelos de negocio se atribuyen esta etiqueta, quizás porque crean algunos empleos o adoptan prácticas simbólicas. Sin embargo, cuando se trata de verdadera responsabilidad social, el ejemplo más auténtico y perdurable sigue siendo el de las cooperativas y las empresas de economía social, especialmente en países como España, donde este modelo tiene profundas raíces y resultados tangibles.
En cuanto a las relaciones con la Unión Europea, ¿cómo evalúa la evolución del reconocimiento institucional de la economía social por parte de las instituciones europeas en los últimos años? ¿Cuáles son los principales retos que Bruselas debe afrontar hoy para fortalecer su impacto y visibilidad, también ante el posible cambio de rumbo político de la Comisión?
Juan Antonio Pedreño: En 2021 se presentó el Plan de Acción Europeo para la Economía Social, una clara señal del compromiso que todas las instituciones europeas e internacionales demostraban con este tema en aquel momento. La pandemia de COVID-19 puso de relieve el valor de este modelo empresarial, capaz de responder de forma concreta y solidaria a las necesidades de la sociedad. Durante los últimos cuatro años, hemos trabajado en el desarrollo de dicho Plan, pero con el inicio de un nuevo ciclo político, observamos una disminución del enfoque de la Unión Europea en las cuestiones sociales, y en particular en la economía social. En el mandato anterior, dos comisarios —Thierry Breton, de la DG GROW (Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes), y Nicolas Schmit, de la DG EMPL (Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión)— garantizaron un equilibrio entre las dimensiones empresarial y social de nuestro ecosistema. Ahora, esta doble dimensión se ha debilitado: la DG GROW ha abandonado casi por completo la economía social, porque quienes trabajaban en estos temas ya no están activos en este ámbito. Actualmente, la única referencia que queda es la Comisaria Roxana Mînzatu para el aspecto social. El nuevo Comisario de la DG GROW, Stéphane Séjourné, con quien tuve la oportunidad de hablar personalmente, afirmó que no hay motivos de preocupación. Sin embargo, en realidad, su Dirección General ya no hace ninguna referencia a la economía social. El mensaje que se desprende es que la economía social se percibe como un ecosistema caritativo o secundario, más que como un actor económico e industrial de pleno derecho.
La economía social en Europa comprende 4,3 millones de empresas, activas en sectores estratégicos como la manufactura y la agroalimentación. Emplea a aproximadamente 15 millones de personas, más que el sector de la automoción. En algunos países, como España, genera más valor económico que el turismo. No podemos permitir que un sector de este tamaño quede marginado. Por ello, como Economía Social Europea, hemos escrito a la presidenta Ursula von der Leyen, nos hemos reunido con los comisarios y hemos ejercido presión institucional para evitar que se interrumpa el proceso. Nos encontramos en un punto de inflexión para el Plan de Acción Europeo: estamos a medio camino y no podemos permitir que se abandone. Este plan es crucial porque incluye políticas sobre ayudas estatales, fiscalidad, cooperación y apoyo a las empresas industriales de la economía social. Representa una de las herramientas clave para desarrollar uno de los 14 ecosistemas industriales prioritarios identificados por la propia Comisión para el futuro de Europa.
Nuestra petición es simple pero urgente: recuperar el nivel de atención y compromiso institucional que ha cosechado la economía social. Esto también lo solicitan organizaciones internacionales como la OCDE, que monitorea los ecosistemas más favorables; la OIT, que ha incluido la economía social en su declaración oficial; y las Naciones Unidas, que reconoce su valor a nivel mundial. Las instituciones europeas —el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones y el Parlamento Europeo, a través del Intergrupo de Economía Social— también han apoyado y reconocido sistemáticamente el papel fundamental de nuestras empresas. Recuerdo que el Plan de Acción fue aprobado con más de 500 votos a favor en el Parlamento. Por todas estas razones, resulta incomprensible que la Comisión Europea esté debilitando su compromiso. Ahora es el momento de aunar esfuerzos, entre todas las organizaciones, para, al menos, recuperar el nivel de reconocimiento anterior y garantizar los recursos financieros adecuados para el Plan de Acción durante los próximos cinco años.
En los últimos meses, se ha debatido mucho sobre el Plan ReArm Europe. ¿Cree que existe el riesgo de que el aumento del gasto en defensa, utilizado también como palanca para el empleo, pueda desviar recursos de las políticas de economía social, o es demasiado pronto para sacar conclusiones?
Juan Antonio Pedreño: Creo que el problema ya está teniendo dos impactos claramente visibles. El concepto de «defensa», introducido recientemente en los debates estratégicos europeos, está contaminando rápidamente la agenda de la Unión. Hasta hace poco, la defensa no se incluía en los principales planes de desarrollo y se consideraba un área a mantener, no a reforzar. Hoy, sin embargo, asistimos a un cambio de rumbo. Como economía social, no podemos ni queremos involucrarnos en modelos de negocio vinculados a la industria de defensa; no forma parte de nuestra misión, no nos pertenece por naturaleza ni por nuestros valores. Este aumento conllevará inevitablemente recortes en otras áreas del gasto público. Si los políticos no dan la importancia adecuada a la economía social, el riesgo es que las mismas partidas presupuestarias que la apoyan se vean penalizadas. Este es un riesgo real, que debe evitarse tanto a nivel nacional como europeo. Impulsamos que la economía social se reconozca como una prioridad política, incluso en la estrategia para la autonomía estratégica de Europa, como un modelo arraigado en las comunidades locales, resiliente y capaz de mantener el empleo incluso en tiempos de crisis. Si no se trata como una prioridad, como desgraciadamente está sucediendo en algunas Direcciones Generales de la Comisión, corremos el riesgo de un desapego progresivo, incluso a nivel financiero.
Para reafirmar la centralidad de la economía social en la agenda europea, necesitamos el firme apoyo de los gobiernos nacionales, especialmente de aquellos que ya muestran sensibilidad hacia este modelo. Lamentablemente, la nueva orientación ya está teniendo un impacto directo en los presupuestos públicos. En España, por ejemplo, se prevé que el presupuesto de defensa aumente dos, tres o incluso cuatro puntos porcentuales. En Europa hoy en día, se habla mucho de rearme, aranceles y competencia industrial, y todo esto tiene implicaciones directas en las decisiones presupuestarias. En 2027 se renovará el marco financiero plurianual de la Unión Europea, y hasta entonces debemos trabajar intensamente para garantizar que la economía social se reconozca como una prioridad estructural. En definitiva, el presupuesto europeo es un juego de suma cero: si algo se vuelve más importante, algo corre el riesgo de perderlo. Por eso es esencial estar presentes, presionar y dejar claro que somos parte esencial del desarrollo europeo, en nuestras regiones y comunidades.
Bajo su liderazgo, CEPES (Confederación Empresarial de la Economía Social Española) ha fortalecido la representación de la economía social en España, que ahora es reconocida como uno de los países líderes de Europa en este ámbito. ¿Qué instrumentos políticos, regulatorios y financieros considera más eficaces para apoyar el desarrollo de las empresas sociales y cooperativas en el país? ¿Y cómo podrían servir de ejemplo en otros contextos nacionales?
Juan Antonio Pedreño : Es cierto que España representa actualmente un referente europeo en el desarrollo de la economía social, fruto de un firme compromiso político e institucional. Creo que nuestra experiencia puede ofrecer información útil a otros países. En primer lugar, somos el único país de la Unión Europea que ha adoptado una estrategia nacional para la economía social, con más de cien medidas concretas y un presupuesto específico. Esta estrategia es una herramienta operativa, desarrollada y coordinada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que refleja el compromiso estructural del gobierno con este ecosistema. En segundo lugar, durante la pospandemia, fuimos el único país que destinó fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia específicamente a la competitividad de las empresas de la economía social. Hablamos de 2.500 millones de euros, una cantidad sin precedentes en Europa, que ha tenido un impacto directo en el fortalecimiento del ecosistema. El tercer elemento clave es la creación de un Consejo para el Fomento de la Economía Social, un órgano institucional único integrado por representantes de todos los ministerios, todas las comunidades autónomas españolas y las principales organizaciones de la economía social, incluido CEPES. Este foro garantiza un enfoque transversal y coordinado, garantizando que la economía social deje de ser una competencia relegada a un solo ministerio y se convierta en una responsabilidad compartida por todo el gobierno. Esta estructura también nos permite colaborar directamente con otros ministerios, como el Ministerio de Transición Ecológica, que ha involucrado a empresas de economía social para combatir la despoblación rural; el Ministerio de Igualdad, que promueve la igualdad de género a través de los valores y prácticas de la economía social; el Ministerio de Servicios Sociales, que gestiona parte de los fondos específicos; y, recientemente, otro ministerio creó un fondo de impacto de 400 millones de euros para apoyar proyectos innovadores de empresas sociales. Un cuarto logro significativo se refiere al papel de CEPES como organismo intermediario para la gestión directa del Fondo Social Europeo Plus. Fuimos la primera organización no gubernamental de Europa en recibir esta función. En dos convocatorias de propuestas, gestionamos aproximadamente cien millones de euros, lanzando convocatorias de proyectos dirigidas a nuestras empresas, con el objetivo de mejorar su competitividad. Esto nos ha hecho merecedores de reconocimiento no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo.
Finalmente, diría que una de las fortalezas más importantes es la amplia difusión de la economía social en toda España. Todas las comunidades autónomas cuentan ahora con su propio plan o estrategia de desarrollo de la economía social. En mi región, Murcia, hemos logrado el sexto pacto regional en veinte años, con una inversión de 55 millones de euros para crear 6.000 nuevos empleos. Este enfoque territorial, replicado en muchas comunidades autónomas, ha permitido que el modelo se arraigue plenamente. Todo esto también ha sido posible gracias al reconocimiento institucional de nuestra organización, que nos permite llevar propuestas concretas a la mesa política y que sean aceptadas gracias a la colaboración entre instituciones, comunidades autónomas y representantes de la economía social para construir un ecosistema favorable. Este modelo puede ser una fuente de inspiración para muchos otros países.
En comparación con otros países, Europa está experimentando un creciente número de experiencias locales basadas en la coprogramación y el codiseño entre organismos públicos y la economía social, como el Plan Metropolitano de Bolonia para la Economía Social, que se centra en el bienestar local, la sostenibilidad, el empleo y la vivienda. ¿Qué tan estratégico considera este modelo de gobernanza participativa para abordar los desafíos sociales actuales y fortalecer la innovación social en las comunidades locales?
Juan Antonio Pedreño : Lo considero fundamental. Este tipo de enfoque, basado en la colaboración entre instituciones y actores de la economía social, como mencioné, es crucial para abordar los retos futuros. Es un método de trabajo que nos permite generar respuestas concretas e innovadoras a las necesidades sociales emergentes. En España, experiencias como la de Bolonia están presentes en prácticamente todas las regiones, gracias a la existencia de estructuras representativas de la economía social en cada zona. Pero están empezando a surgir experiencias interesantes en toda Europa. En Francia, por ejemplo, también se está trabajando a través de las Cámaras de Comercio locales; en Italia, Bolonia es un excelente ejemplo, pero otras regiones también están trabajando en esta dirección; en Irlanda, el Reino Unido y Suecia, hay señales positivas, pero aún estamos en las etapas iniciales; mientras que en algunos países de Europa del Este, como Bulgaria, se están desarrollando leyes específicas sobre la economía social, y en Eslovenia, se están llevando a cabo experimentos relacionados con la digitalización. Sin embargo, hay que destacar que la situación es muy desigual: en 13 países europeos la economía social representa entre el 7% y el 12% de la economía, pero en otros 14 países se sitúa entre el 0,5% y el 2%.
Por esta razón, como organización representativa, nos comprometemos a transferir las mejores prácticas de los países más avanzados a aquellos donde el ecosistema aún se encuentra en sus inicios. Recientemente, en San Sebastián, organizamos un foro sobre innovación empresarial con alrededor de cuarenta empresas líderes para mostrar ejemplos concretos de cómo la economía social puede ofrecer soluciones innovadoras. Nuestra tarea es fortalecer estos procesos. También estamos preparando una conferencia durante la próxima Presidencia danesa de la Unión Europea, en Copenhague, para mostrar estas experiencias. Ya hemos celebrado conferencias en Suecia y Polonia, donde han surgido prácticas prometedoras. Los desafíos que enfrentamos son muchos: vivienda, transición energética, digitalización, inclusión social y lucha contra la despoblación rural. La economía social puede aportar soluciones reales. En España, por ejemplo, el gobierno anunció una nueva inversión para apoyar cooperativas de vivienda con derecho de uso para jóvenes. Se trata de una medida concreta, replicable en diferentes regiones, que demuestra cómo la economía social puede contribuir decisivamente a la cohesión social. Debemos garantizar que estas experiencias se compartan cada vez más a nivel europeo, trabajando en modelos de gobernanza participativa que sitúen a las comunidades locales, la innovación social y la colaboración público-comunitaria en el centro.
Analizamos diferentes contextos territoriales y citamos el caso de Murcia . Basándonos en su experiencia en asociaciones de empresas sociales y cooperativas como UCOMUR y UCOERM, ¿Qué elementos han convertido a la Región de Murcia en un laboratorio virtuoso para el desarrollo de las cooperativas y la economía social? ¿Existen buenas prácticas locales, en este caso, que considere que podrían exportarse a otros contextos europeos?
Juan Antonio Pedreño : Uno de los principales obstáculos que hemos encontrado para desarrollar la economía social en Murcia ha sido la falta de visibilidad. A menudo, las personas desconocen el modelo cooperativo y, para cuando lo descubren, ya han entrado en el mercado laboral. Por ello, uno de los puntos fuertes de nuestra estrategia ha sido empezar a trabajar en los centros educativos. Hoy en día, contamos con casi 50.000 alumnos matriculados en cooperativas escolares, de entre 2 y 21 años. A través de proyectos educativos, actividades y ferias escolares, inculcamos los valores cooperativos desde pequeños. Cada año, organizamos una feria a la que asisten más de 3.000 niños. Así, cuando estos niños crecen y piensan en emprender, recuerdan el modelo cooperativo. Este modelo ha tenido un impacto directo, y durante muchos años, Murcia ha sido la región líder en España en número de cooperativas establecidas en relación con su población. Solo en el primer cuatrimestre de este año, ya hemos creado 60. Otro elemento clave ha sido nuestra labor de comunicación. Durante quince años, hemos presentado un programa de televisión dedicado a la economía social, con testimonios de cooperativas, administradores locales y representantes políticos. Durante más de veinte años, hemos publicado ocho páginas semanales en los dos principales periódicos regionales, con historias y ejemplos concretos, con el objetivo de demostrar cómo cualquier actividad puede llevarse a cabo de forma cooperativa.
Además, hemos creado una amplia red de consultores, capacitados específicamente para guiar a quienes desean emprender: cuando dos, tres o cuatro personas presentan una idea, siempre hay alguien que les informa sobre la posibilidad de desarrollarla como cooperativa. A todo esto se suma, como ya he destacado, una fuerte voluntad política. Murcia fue la primera región española en adoptar un plan estratégico para la economía social, que hoy moviliza 24 millones de euros cada cuatro años, con fondos destinados a la creación de empleo, asistencia técnica, apoyo a la incorporación de socios y ayudas a la inversión. Por ejemplo, si una nueva cooperativa invierte 70.000 euros, puede recibir hasta un 40 % en subvenciones a fondo perdido. Finalmente, nuestra organización ofrece apoyo administrativo, mentoría y acceso al crédito, de forma gratuita, a los beneficiarios. Este sistema integrado ha convertido a Murcia en un referente nacional; en 2024, fuimos reconocidos como Capital Española de la Economía Social y ya hemos organizado numerosos eventos para promover esta iniciativa. En definitiva, es una combinación de varios factores los que hacen de Murcia un laboratorio virtuoso, con prácticas que, en mi opinión, pueden adaptarse y replicarse en muchos otros contextos europeos.
Como coordinador de la red euromediterránea ESMED, ¿qué oportunidades ve en la cooperación entre países mediterráneos, incluso fuera del marco institucional europeo, para fortalecer modelos económicos basados en la solidaridad, la inclusión y la sostenibilidad integral? ¿Cuáles son los principales retos a superar en el contexto de la crisis de la globalización y el resurgimiento del nacionalismo?
Juan Antonio Pedreño : La red ESMED (Economía Social Euromediterránea) reúne a organizaciones de diversos países mediterráneos, como España, Francia, Italia y Portugal, además de Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Turquía y Jordania. Un importante evento en Marruecos este verano reunirá a más de mil participantes de todo el mundo, con el objetivo de reflexionar sobre el potencial de la cooperación para promover la economía social. A la Región de Murcia se nos ha pedido que compartamos la experiencia de las políticas públicas que hemos desarrollado y los resultados obtenidos. Sin embargo, debemos ser realistas: no todos los países mediterráneos están en la misma posición para iniciar programas estructurados de desarrollo de la economía social. Existen diferencias significativas en términos regulatorios, políticos y económicos; experiencias como las de Italia o España no siempre son directamente transferibles, por ejemplo, a contextos como Túnez, Argelia o Jordania. Dicho esto, uno de los aspectos más importantes en los que trabajamos es precisamente el intercambio de experiencias y buenas prácticas, buscando comprender si las políticas más efectivas pueden adaptarse y aplicarse en otros lugares, y cómo hacerlo. Por supuesto, la mediación cultural e institucional siempre es necesaria.
Paradójicamente, la crisis de la globalización, el regreso de los aranceles y los desafíos de las cadenas globales de valor pueden representar una oportunidad para la economía social, ya que revitaliza los recursos locales y regionales. La propia Unión Europea se centra en una mayor autonomía estratégica. Y en este escenario, la economía social tiene mucho que aportar: en España, por ejemplo, más del 80% de las empresas de economía social operan a escala local, regional o nacional. Solo unos pocos sectores, como el agroalimentario o el tecnológico, están orientados a la exportación global. En ferias y reuniones comerciales en Marruecos, hemos visto cuán profundamente arraigado está el modelo de la economía social en la comunidad local, donde las personas producen, venden y gestionan sus negocios dentro de la comunidad. Nuestra tarea es demostrar cómo se puede mantener este arraigo local a la vez que se innova, crece y mejora la competitividad.
Uno de los puntos clave es, una vez más, el reconocimiento político: si un país, como Marruecos, decide comprometerse seriamente con el desarrollo de la economía social, puede lograr grandes avances. Sin embargo, en otros países, este reconocimiento aún es débil. Por ello, enfatizamos la importancia de promover una cultura institucional que valore las empresas sociales. Existe un gran deseo de aprender entre muchos actores mediterráneos, deseosos de conocer lo que sucede en otros lugares, de experimentar y de encontrar soluciones para fortalecer sus propias economías sociales. Y en este sentido, la cooperación euromediterránea aún tiene un potencial extraordinario por desarrollar.
Escrito por Daniele Molteni , Riccardo Soriano – PANDORA RIVISTA (Italia)
Artículo original
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