Artículo de Juan Antonio Pedreño Frutos. Presidente de CEPES y Ucomur
El 10 de Febrero de 2010, más de 800 personas pertenecientes a la rica diversidad de actores de la economía social: cooperativas, mutualidades, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, cofradías de pescadores, fundaciones y asociaciones de las personas con discapacidad y del sector social; nos reuníamos en Madrid en el acto más multitudinario que la Economía Social ha congregado en España, con la presencia de varias ministras, ministros, autoridades y muchísimas personalidades y del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Trasladamos al presidente que todo el sector quería una Ley que situara a la Economía Social en la agenda política del país de acuerdo con su relevancia socioeconómica y su peso. Este fue un elemento clave, la propuesta respondía a una demanda de todo el sector y respondía a la madurez asociativa de todo el tejido empresarial de la Economía Social. La respuesta del presidente del Gobierno fue clara y contundente: “Habrá una ley de Economía Social en España en menos de un año”.
Y así fue. En marzo de 2011 fue aprobada por unanimidad de todo el Congreso de los Diputados la Ley 5/2011. Y marcó un punto de inflexión para la Economía Social que hoy conocemos y que ha supuesto el punto de partida de lo que hoy es la Economía Social en Europa.
Y este ejemplo de consenso, esta unanimidad en torno a este modelo empresarial ha sido y es clave hoy en día para continuar avanzando hacia una política de Estado, hacia una política europea que identifique, valore y especialmente reconozca el papel de las empresas de la Economía Social.
Celebrar el décimo aniversario de la Ley 5/2011 de Economía Social es celebrar el potencial que este modelo posee para remodelar la economía, especialmente tras la pandemia y, ahora, tras esta situación derivada de la guerra de Ucrania. La Economía Social construye y crece a través de modelos económicos, inclusivos y sostenibles que conduzcan a una transformación de la sociedad, ecológica, económica y social más equitativa. Y ahí reside su fortaleza.
El impulso, la determinación, las acciones y la fuerza de la Economía Social española ha sido concluyente para conseguir estos objetivos que no son para nada puntos de llegada, sino apoyos para seguir avanzando. El ecosistema de Economía Social que hemos desarrollado en esta última década y el punto en el que nos encontramos hoy, tiene su origen también en aquellas personas que, desde sus diferentes responsabilidades en el Gobierno (pasadas y también actuales) en los partidos políticos o desde las Comunidades Autónomas, han hecho realidad el mandato de la Ley y también el mandato de la Constitución Española, en su artículo 129.2 de reforzar un tejido socioeconómico que representa el 10% del PIB de España, con empresas de todos los tamaños presentes en todos los sectores económicos. El trabajo de todas estas personas ha hecho que España sea uno de los países del mundo con un ecosistema potente, pionero y más avanzado a favor de la Economía Social.
Son más de 43.000 empresas y entidades de Economía Social y más de 2,3 millones de personas las que demuestran cada día que hay otra manera de crecer desde un modelo económico inclusivo y sostenible basado en la solidaridad y la cooperación, pilares del ADN de la Economía Social. Un ADN que la Ley 5/2011 incorpora al ordenamiento jurídico español al definir a la Economía Social como un modelo de empresa centrado en las personas y ligado a la creación y mantenimiento de empleo de calidad, a la igualdad de oportunidades para todas las personas, a la cohesión social y a promover el desarrollo de los territorios.
España es el único país de Europa con una estrategia de país para la Economía Social. Una estrategia que es una de las nueve políticas palanca de la Agenda 2030. Iniciativas que se han visto reforzadas y complementadas con los pactos e iniciativas específicas para el conjunto de la Economía Social, desarrolladas por Comunidades Autónomas como Galicia, Baleares, Navarra, Murcia y Asturias y próximamente Euskadi, Rioja, Aragón y Cataluña.
Han sido diez años de desarrollo de la Ley que han configurado un marco legislativo y un ecosistema de fomento que, entre otras muchas cosas, permite a España aprovechar y canalizar al máximo las iniciativas estratégicas que desde Europa se están impulsando para incorporar a la Economía Social en los programas para responder a retos sociales, demográficos y económicos para una transición digital y verde justas. La Economía Social quiere liderar estos retos, y lo haremos con criterios de justicia, equidad y diversidad, y por supuesto de competitividad.
Estamos en un momento histórico. El papel de la Economía Social durante la pandemia ha propiciado que se le reconozca una posición central como factor de desarrollo. Gracias a este reconocimiento, que nos ha permitido incrementar la interlocución y crecer en la capacidad de influir en las políticas públicas, la Economía Social forma parte de la agenda de los Fondos Next Generation UE para la recuperación, donde nuestro país va a volver a ser pionero con la aprobación de un PERTE para la Economía Social y la economía de los Cuidados.
Este PERTE y el acceso de la Economía Social a todas las convocatorias de los fondos van a ser instrumentos fundamentales para cambiar de escala la Economía Social y apoyar su adaptación y liderazgo en nuevos sectores emergentes a través de empleos de calidad y proyectos transformadores de los territorios que den respuesta a los retos de la despoblación y a los cambios demográficos. Recuerdo que la Economía social fija población al territorio. No se deslocaliza.
Contamos con un Ministerio de Trabajo y Economía Social y se ha renovado hace apenas un mes el Consejo de fomento de la Economía Social, foro de interlocución y diálogo con ministerios y comunidades autónomas. La Ley da seguridad jurídica y visibiliza a la Economía Social, encargando a los poderes públicos su fomento. La Ley española ha servido, sin ningún tipo de dudas, para avanzar en ese ecosistema que hoy es ejemplo para Europa, como han reconocido los miembros de la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo en su reciente visita a España. Y que además está contribuyendo al desarrollo de la Economía Social en la Unión Europea.
Pero no podemos pararnos en este presente ilusionante, pues aún tenemos camino por delante con objetivos como incrementar el peso de la Economía Social en el PIB (actualmente en un 10%), potenciar que las empresas de Economía Social irrumpan en los sectores emergentes, lograr que los jóvenes vean en la Economía social una posibilidad sólida de construir su futuro, seguir aumentando la visibilidad de la Economía social y formar parte, junto al resto de agentes sociales, de la mesa de Diálogo Social.
Queda mucho por hacer para situar a la Economía Social en el lugar que le corresponde. Eso sí, con la ilusión siempre, de seguir trabajando por un mejor futuro para España y Europa, un futuro de paz, desarrollo y prosperidad.